En el interior de un inmueble de titularidad pública del Polígono Puerta de Madrid se encontraba una mujer que aseguraba que vivía desde hacía diez años allí
La Policía ha ejecutado un ‘desalojo administrativo’ en un inmueble del Polígono Puerta de Madrid, en cumplimiento del Auto Judicial emitido por un juzgado de Madrid.
Este es un procedimiento mediante el cual la administración pública, en su calidad de propietaria de un inmueble, lo recupera cuando este es ocupado ilegalmente sin necesidad de acudir a los tribunales en primera instancia.
El operativo ha contado con la intervención coordinada de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (Grupo de Operaciones de Respuesta – G.O.R.), agentes de la Policía Local de Alcalá de Henares y técnicos de la Consejería de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
En el momento del desalojo, se encontraba en el interior del inmueble una mujer que manifestó ser residente desde hace diez años. No obstante, tras las comprobaciones previas realizadas por la Sección de Protección a la Familia el pasado 12 de agosto, se determinó que esta persona no figuraba entre los inquilinos legales que habitaron el inmueble con anterioridad.
La ocupante accedió a abandonar el lugar de manera voluntaria y sin oponer resistencia. Una vez desalojada la vivienda, operarios especializados procedieron al cierre del local mediante la colocación de listones metálicos en puertas y ventanas, a fin de asegurar el inmueble y prevenir futuras ocupaciones. El desalojo se produjo el pasado día 14 de agosto.
La concejal de Seguridad, Orlena de Miguel, ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares queremos agradecer una vez más la labor de la Policía Local, en estrecha coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y los profesionales de la Consejería de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Esta colaboración institucional ha sido clave para que actuaciones de este tipo se desarrollen de manera eficaz, respetuosa y con todas las garantías legales”.
“El Ayuntamiento valora y apoya firmemente esta coordinación entre cuerpos y administraciones para continuar paliando con éxito situaciones de ocupación ilegal, siempre garantizando el respeto a los derechos de todas las personas implicadas y la seguridad jurídica de los procedimientos”, ha añadido.
