La prórroga de los presupuestos generales del Estado de un año para otro es una posibilidad que se contempla en la mayoría de las economías desarrolladas. En el caso de España, así lo prevé el artículo 134 de su Constitución.

Ese mismo artículo señala que el Gobierno tiene la obligación de presentar su proyecto de presupuestos al menos tres meses antes de que acabe el año para que el poder legislativo pueda examinar, debatir y enmendar el proyecto presentado.

Sin acuerdo

El ministerio de Hacienda español no ha conseguido consensuar un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2025. Además de las fricciones internas en el seno del Gobierno de coalición, también existen claras incompatibilidades con otros grupos políticos en el Parlamento, cuyos votos serían necesarios para aprobar las nuevas cuentas.

Prorrogar los presupuestos de 2024 no se corresponde con la necesidad de dar continuidad a un gobierno y su administración. Supone más bien un relativo incumplimiento de la obligación del Ejecutivo de presentar un proyecto en octubre y no presentarse a examen hasta estar seguro de que sus presupuestos van a ser aprobados.

Primera sesión del debate de los últimos presupuestos generales del Estado aprobados en España (noviembre de 2022). Foto: Congreso.es

Los costes económicos

Esta situación, que en los últimos años se está haciendo habitual (se han prorrogado los presupuestos españoles en 2019, 2020, 2024 y 2025), acarrea significativos costes económicos y políticos. Vamos a destacar especialmente cuatro costes económicos:

1. Aporta una cierta rigidez a la asignación de recursos. La prórroga implica mantener las prioridades de ejercicios anteriores, lo que limita la capacidad del Gobierno para responder a nuevos desafíos o emergencias. Esto es especialmente importante en épocas de alta incertidumbre como las que se viven en la actualidad.
2. Imposibilita acometer nuevas inversiones. Prorrogar presupuestos obliga a posponer proyectos esenciales previstos en ejercicios anteriores en cuestiones como infraestructuras, educación, sanidad o vivienda. Este hecho puede afectar negativamente a la competitividad y el crecimiento económico a largo plazo.
3. Genera incertidumbre entre los inversores y los agentes económicos. Esto se traduce en una disminución de la inversión privada y un menor dinamismo económico a largo plazo. El presupuesto dota de cierta previsibilidad a las políticas económicas.
4. En un Estado descentralizado como el español puede parecer que la prórroga de los presupuestos generales no afecta al funcionamiento de las comunidades autónomas. No obstante, este retraso también limita su capacidad para gestionar sus servicios públicos y realizar inversiones a escala regional y local. Además, agrava las disparidades regionales en productividad entre comunidades autónomas y afecta a la cohesión territorial.

Los costes políticos

La otra cara de la moneda de la prórroga presupuestaria es la de los costes políticos, que no los sufren los políticos sino las instituciones esenciales para el funcionamiento democrático. La incapacidad para aprobar nuevos presupuestos muestra al Gobierno débil y poco cohesionado, y erosiona su autoridad frente a la ciudadanía y otros actores políticos.

Gobernar con presupuestos prorrogados dificulta la implementación de políticas públicas. Sin un presupuesto actualizado, los Gobiernos afrontan obstáculos para poner en marcha nuevas iniciativas o reformar programas ya existentes, lo que puede frustrar las expectativas ciudadanas y disminuir el apoyo popular.

Adicionalmente, la prórroga puede intensificar las fricciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Especialmente si este último percibe una usurpación de sus funciones en la aprobación del gasto público y se abusa de figuras como el Decreto Ley para ir gestionando el día a día.

Finalmente, la percepción de un gobierno incapaz de gestionar eficazmente sus finanzas públicas puede deteriorar su reputación en el ámbito internacional y su capacidad de atraer inversiones extranjeras. En el mes de noviembre de 2024, la prima de riesgo francesa alcanzó máximos ante las dificultades del Gobierno para que los presupuestos de 2025 fueran aprobados.

Solución a medias

Aunque la prórroga presupuestaria permite la continuidad del funcionamiento gubernamental, es una solución claramente subóptima. La falta de actualización de las partidas presupuestarias puede desalinear el gasto público de las realidades económicas y sociales, impidiendo una respuesta efectiva a desafíos emergentes.

Una de las recomendaciones clave del informe Draghi (elaborado para la UE por el expresidente del BCE con el fin de establecer una estrategia sólida de reindustrialización europea) es la necesidad de que los Estados miembros alineen sus presupuestos nacionales con las prioridades estratégicas establecidas por Europa.

Esta alineación es fundamental para abordar desafíos como la transformación tecnológica, la descarbonización, la seguridad económica y el mantenimiento del modelo social europeo.

No contar con nuevos presupuestos (y la consiguiente prórroga de los anteriores) obligará al Gobierno español a acordar pactos a corto plazo que van a desdibujar las políticas públicas diseñadas para unos presupuestos no aprobados.

Rubén Garrido-Yserte es director del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.