La Casa Real decidió hace unas semanas hacer público el patrimonio del Rey Felipe VI y se empiezan a adivinar las razones que han llevado a la institución a revelar lo que hasta el momento era un insondable misterio. La descomposición de la figura de la Monarquía como forma de jefatura de Estado a cuya merma de imagen y carisma han contribuido en los últimos años la secuencia de irregularidades del rey emérito Juan Carlos I y la condena de Iñaki Urdangarín, requiere de una contraofensiva para reafirmar la simbología de impacto, ya que  todas la ayudas resultan insuficientes para el mantenimiento de una efigie tan contradictoria con los apoyos  que asisten a los regímenes republicanos democráticos representativos.

En la descubierta del patrimonio se acotan veinticinco años, desde 1998 hasta nuestros días, en los que el monarca ha percibido más de 4,2 millones de euros en distintas fases de responsabilidad con asignaciones que nacían de los presupuestos generales del Estado, tanto cuando la majestad del cargo la ocupaba el rey Juan Carlos como cuando la representa el actual monarca Felipe. De resultas del período contemplado de un cuarto de siglo, el Rey es titular de un patrimonio de 2,5 millones de euros, entre activos de inversión, obras y objetos de arte, lo que dibuja una tasa de ahorro más que envidiable de más de un 50 por ciento, aun descontando las obligaciones fiscales  a las que está sujeto el jefe del Estado como el resto de  ciudadanos. La riqueza inmobiliaria no consta en su saldo patrimonial porque está soportada por Patrimonio Nacional, que depende del ministerio de la Presidencia del Gobierno, que vela por los bienes de titularidad del Estado que proceden del legado de la Corona de España, lo que significa un vaivén de cuidados y repartos entre la jefatura del Estado y su gobierno guardián. Los gastos de transporte y manutención son soportados por el gobierno a través de Presidencia y los gastos de seguridad personal son materia presupuestaria del ministerio de Interior, también gobierno.

La tasa de ahorro espectacular obtenida en las cuentas patrimoniales del jefe del Estado tiene su explicación en este desglose de partidas que hace inservible la aplicación de la ecuación 50-30-20 de la senadora americana Elizabeth Warren, que mantiene fuerza de canon para el orden de porcentajes en las cuentas privadas, 50 por ciento para gastos generales, 30 por ciento para los personales y un 20 por ciento con destino al ahorro. Los reyes, también el jefe de Estado en España, gozan de una situación de privilegio económico frente a unas responsabilidades de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, amén de otras funciones constitucionales.

El gesto de publicación de las cuentas de su patrimonio personal aporta un suplemento de modernización y  transparencia, que supone un barniz de necesidad en los tiempos de tribulación de la Corona, pero, si bien denota una situación económica de clara inferioridad comparativa con otras casas reales de Europa, con bagaje y riqueza patrimonial claramente superior, adolece todavía de una insuficiencia sustancial en su apertura, como es el caso de la opacidad sobre la situación patrimonial de la reina Letizia, como también respecto de la reina Sofía, ya en situación emérita y alejada de la línea de sucesión, pero que goza de asignación presupuestaria por sus funciones protocolarias como miembro de la familia real.

Otro baldón en este exponente de modernización que supone la publicación de las cuentas es la marginación para con los partidos anti monárquicos (ERC, Junts, Bildu, CUP y BNG), que han sido segmentados por el escaso aprecio a las calidades monárquicas en la jefatura del Estado y han atendido a la información de la cuentas del monarca por los vehículos de la comunicación generalista. Si bien la procedencia de esta norma de separación de los partidos críticos con la monarquía y los usos y costumbres constitucionales se concreta en el período de la vicepresidencia de Carmen Calvo, sigue estando impregnado de un carácter inacorde con la convivencia de la magistratura del Estado con los partidos políticos, más marcado en el caso de Cataluña, con tres de sus fuerzas políticas con representación de escaños fuera del flujo informativo de la Corona.