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Disraeli, Pablo Casado y el Consejo del Poder Judicial / Por Antonio Campuzano

Disraeli, Pablo Casado y el Consejo del Poder Judicial  /  Por Antonio Campuzano

En la retahíla de divorcios entre gobierno de coalición y oposición en este período emergido de las elecciones de 10 de noviembre de 2019, sobresale el asunto público de la renovación de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial, junto con el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Organismos todos ellos capitales en el funcionamiento del Estado.

En todo el posicionamiento dialéctico de la disputa subyace la línea argumental del PSOE como reconocedor de la necesidad de cambios en el método de sucesión de los cargos, pero con el respeto actual para con la  fórmula de recambio. El Partido Popular hace valer una interpretación más rupturista al pasar su razonamiento por la urgencia de hacer el recambio de cargos una vez pactada su reforma en el sentido que indique el PP. Entre tanto se materializa cualquier tipo de acuerdo entre los partidos protagonistas de la relación política más acusada, el mantenimiento de la actual foto fija de los organismos ignora los procedimientos de la actual ley y entroniza una situación que beneficia al partido en la oposición que habría de perder ventaja con la composición de las mayorías obtenidas de los comicios de noviembre de 2019. Con veinte meses de ensayo del rito de hipocresía que soporta esta conducta de obstrucción, la dirección del PP parece haber caído en la cuenta de la anomalía, devota de la ventaja y la composición tramposa.

La obcecación por la pervivencia del actual sistema de renovación parece dejar en evidencia que el trabajo de los organismos necesitados de cambios beneficia mucho más de lo imaginable en materia de designaciones para puestos clave de la judicatura. La pugna por el control de factura estrictamente política de este asunto va más allá de lo anecdótico hasta la dimensión troncal de la controversia. Parece ser que el recorrido de distracción de la opinión pública toca a su fin y es llegado el momento de sentarse con el partido del gobierno para que la convivencia vuelva a ser una norma de comportamiento.

El ejercicio puesto a su nombre de Torcuato Fernández Miranda conocido como “de la ley a la ley”, que sirvió para desenredar el paso de la dictadura a la democracia, puede entrar en buen funcionamiento en este momento. Si las normas de renovación de cargos del Consejo del Poder Judicial se demuestran inhábiles para el tiempo presente, podrán ser cambiadas, pero con la idea de agotar el modo de operar de las actuales, y por la vía del diálogo, tan conveniente en muchos aspectos del juego democrático.

Ha irrumpido con el poder de lo súbito la necesidad para Pablo Casado de ceder en materia de renovación del Consejo del Poder Judicial. A partir de ahora, la continuación de la política de obstrucción solo puede generar dificultades de interpretación para los propios electores de la formación conservadora. La percepción de la trampa se agiganta hasta el extremo del rubor institucional de un partido que quiere ser alternativa de gobierno. Más de tres años en la nómina del Consejo General para sus miembros porque así lo grita el Partido Popular en su estricto beneficio es una ventaja que muy pocos entusiastas están dispuestos a defender.

Tony Judt, en Pensar el siglo XXI (Taurus, 2012), que deletrea con perfección los males que aquejan al mundo en este inicio de centuria, se remontaba a Disraeli, el mandatario inglés del silgo XIX, y decía que “tenía un instinto político inusualmente agudo tanto para lo que era posible como para lo que era necesario, sobre qué grado de cambio se requería para que las cosas importantes siguieran como estaban”.

Este pensamiento persigue a Pablo Casado, naturalmente con las distancias que cabe establecer entre el primer ministro británico y el adelantado palentino, pero el instinto del segundo, ya desarrollado en dos años de crecimiento y progreso personales, le llevan al convencimiento de la cesión de terquedad y obstinación en esta materia de engrase del funcionamiento del Estado, cuyo empecinamiento con el concurso ineludible del murciano Teodoro García Egea puede empeorar el perfil de reserva que las encuestas parecen depositar para un futuro aproximadamente inmediato, pese a las demostraciones infieles de su propio partido en beneficio de Isabel Díaz Ayuso, hacia cuya figura acuden todos los aplausos, tanto en las paradas militares como en los burladeros del callejón, da igual que esté la formación en posición de firmes que se esté probando el apresto del capote de Morante de la Puebla.

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