Al filo de las 19 horas, dos furgones de la Guardia Civil accedían a toda velocidad en la cárcel de mujeres Alcalá-Meco. En su interior, las ex consejeras de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, y de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, decretara prisión incondicional para ellas y para el exvicepresidente Oriol Junqueras y de los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Carles Mundó.
La sentencia de la Audiencia Nacional
La magistrada también ha acordado el ingreso en prisión del exconseller de Empresa y Conocimiento Santiago Vila, que dimitió de su cargo horas antes de la votación el pasado 27 de octubre en el Parlament de Cataluña de la declaración de independencia, aunque éste saldrá en libertad si deposita la fianza de 50.000 euros que le ha sido exigida.
En todos los casos, las medidas acordadas por la juez son las solicitadas por el Ministerio Fiscal.
En el auto en el que decreta la prisión incondicional, Lamela considera que existe riesgo de fuga dada la gravedad de los delitos que se les imputan y las penas que llevan aparejadas y añade que “tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados, que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. En este punto, basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”.
“Se aprecia también alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del Govern de la Generalitat”, añade la juez.
La magistrada, por último, afirma que “existe alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las actividades delictivas descritas en esta resolución se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años (…), reincidiendo constantemente en actuaciones contrarias a las resoluciones del Tribunal Constitucional que los investigados conocían de forma personal y directa”.
