Viene siendo preocupante como la Sanidad Pública Madrileña se ha ido devaluando año tras año. Aumento de listas de espera, privatizaciones encubiertas, disminución de plantillas que desencadena en una peor atención a las personas usuarias, y así un largo etc. de recortes que no hacen más que empeorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Con la aprobación del RD 16/2012, el Gobierno del PP volvió a considerar la sanidad algo que hay que ganarse. La persona usuaria pasa de ser ciudadano/a a “asegurado/a”.
Desgraciadamente, no ha sido este decreto el detonante de la pérdida de derechos en salud, de las privatizaciones en la sanidad, de los copagos, y de un largo etc de medidas de recorte y desmantelamiento, que estamos viviendo, día tras día, y que se ha ido flagrando desde la creación de la Ley General de Sanidad, en el año 1986. Es cierto que es una ley que no permite la entrada de empresas privadas en el sector más que de forma puntual y complementaria, y que para recibir asistencia sólo es necesario ser residente. Pero, está Ley ya presentaba problemas, insuficiencias e incumplimientos, como:
– La creación de “redes de utilización pública” que facilitaban el uso del sector privado con recursos públicos y se propiciaran experimentos de gestión, los llamados “nuevos modelos de gestión”. Un avance más en este sentido privatizador ha sido el de las concesiones administrativas (cesión a una empresa privada de un hospital de Área), que se ha propiciado en la Comunidad Valenciana y más recientemente la de Madrid y la PFI (iniciativa de financiación privada).
En 1991, el PSOE, a la cabeza con Felipe González, encarga el INFORME ABRIL que entre sus recomendaciones se encuentran: defensa de la gestión privada, el copago, la externalización de servicios, reducción de las prestaciones sanitarias, control de las bajas por enfermedad por las mutuas patronales, o potenciar la participación de la sanidad privada en el sistema sanitario público, entre otras medidas de similar calado.
El rechazo social obligó al PSOE a retirar el informe y no pasarlo a votación al Congreso, sin embargo, las recomendaciones del Informe comenzaron a aplicarse en silencio (privatizaciones: servicios de limpieza, cocina, lavandería, ambulancias, etc.). Los planes eran firmes y se fueron ejecutando lentamente, primero por gobiernos del PSOE y luego usada casi como manual por los Gobiernos de José María Aznar hasta nuestros días y en él está la base del desmantelamiento actual de la Sanidad Pública. Una clara realidad de esto la encontramos en la aprobación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.
Incluso, en este Informe, se daba pie a las privatizaciones cuando aconseja que: “Los hospitales y otros centros de servicios sanitarios podrían transformarse en sociedades estatales que, en su funcionamiento quedarían sometidas al derecho privado” estas recomendaciones se aplicaron ya en 1997 con el inicio de los Hospitales de Alcorcón y Manacor que se construyeron al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, llamada Ley de Fundaciones, aprobada por el último Gobierno de Felipe González, Ley que no estaba diseñada para la Sanidad Pública pero que una vez debidamente retorcida fue la puerta abierta para la entrada, exclusivamente de Fundaciones en el ámbito de la Sanidad Pública. Legislaciones posteriores de los Gobiernos de Aznar y Zapatero dieron entrada a las empresas privadas en la gestión de lo público.
Llegados al año 1997, PSOE, PP, CIU, Coalición Canaria y PNV, aprueban la LEY 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. En contra votaron IU y BNG.
Con esta Ley se permitía y se permite la entrada de todo tipo de empresas privadas lucrativas en la gestión de la sanidad pública. A partir de ese momento, comienza un período acelerado de deterioro, desprestigio y desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud: se cierran camas y centros públicos que son sustituidos por centros privados. Las partes más rentables se privatizan, laboratorios, diagnostico de imagen; y lo no rentable, se deriva a los centros públicos, enfermos crónicos, personas mayores. Nuevamente, muy cercano a la realidad actual que vivimos.
Durante su aprobación, el PSOE defendió que con dicha Ley “se cerraba el paso a la privatización de la sanidad”. Hoy, la realidad demuestra lo contrario; incluso los tribunales han determinado que los hospitales privados de tipo PPP/PFI sólo son posibles gracias a la existencia de dicha Ley.
En Madrid se está produciendo el proceso de privatización más brutal y acelerado de todo el estado, un claro ejemplo lo tenemos con la aprobación, en diciembre de 2001, de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), no se hizo más que desarrollar en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 ya había legitimado.
En 2008 se presentan en el Congreso 500.000 firmas reclamando la derogación de la Ley 15/97. El 24 de noviembre de 2009, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la propuesta de reforma de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que establece la modificación del punto 2 del artículo uno de esta Ley que suponía “acabar con todos los conciertos privados”. Y aunque el PSOE pudo derogarla, durante los dos años de gobierno que le quedaba, no hizo nada. Al disolverse las cortes, por la campaña electoral, la proposición de ley desapareció.
El PSOE pierde las elecciones, año 2011, e inmediatamente surgen por todo el estado, plataformas de la sanidad creadas por las organizaciones satélites del PSOE que nos prometen recuperar el estado de bienestar si vuelven a gobernar, sin realizar ninguna mención a las leyes que permiten la privatización de la sanidad, se vuelve a repetir algo similar a la realidad actual que vivimos.
En 2012, el PP aprueba el RD 16/2012, que permite el repago en medicamentos, repago en el transporte no urgente, en las prótesis, y permite la exclusión de inmigrantes irregulares o de los estudiantes mayores de 26 años que no hayan accedido aún a su primer empleo, y se produce el cambio de concepto de residente por asegurado para poder recibir asistencia sanitaria. La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para toda la población y se convierte en una sanidad solo para las personas aseguradas y la beneficencia. Comienza el intento de la privatización de 6 hospitales madrileños y 27 centros de salud de atención primaria, se cierran camas, quirófanos, aumentan las listas de espera, se desmantela los servicios públicos de salud mental, en definitiva, todo un proceso demoledor de lo público en el área de la sanidad.
Y la crisis es la gran coartada. La Reforma Constitucional del mes de agosto de 2011, estableciendo la prioridad absoluta del pago de la deuda y de sus intereses sobre cualquier otra partida de gasto y la carta “secreta” del 5 de agosto de 2011 de Trinchet (BCE) y Fernandez Ordoñez (Banco de España) a Zapatero exigiéndole la privatización de la sanidad a cambio de la compra de deuda pública española por parte del primero, no dejan lugar a dudas.
Tiburones de las finanzas acechan para hacerse con la mayor parte del pastel, Fondos de Inversión como CVC Capital Partners se hizo con CAPIO CAPITAL, que gestiona un buen pellizco de la Sanidad de Madrid y Castilla la Mancha, Ribera Salud paso a manos del Banco Sabadell hace lo mismo en Valencia y Madrid, y todas las aseguradoras como Sanitas, ASISA, etc., empresas como USP y Mutuas están como buitres al acecho de su próxima víctima.
Felipe González puso la piedra, Aznar fue construyendo la estructura, los sindicatos mayoritarios asistieron al lento desmantelamiento sumidos en un servilismo inaceptable al igual que el PSOE que estuvo ocho años en el poder sin hacer nada y Mariano Rajoy, miembro también de aquel Gobierno en el que se inició la burbuja inmobiliaria, que Zapatero no tuvo «narices» de pinchar, completó el trabajo de un desmantelamiento brutal y absoluto de la SANIDAD PÚBLICA.
El compromiso y la responsabilidad, ha comenzado a florecer entre el pueblo. La ciudadanía ha comenzado a dejar de ser controlable, y comienza a darse cuenta de que aquel que tenga el control, tendrá el poder.
Dado que acumular la información es solo el primer paso hacia la sabiduría, pero compartir información es el primer paso hacia la comunidad (Henry Lewis Gates), proponemos seguir tomando las calles, alzando nuestras voces y luchando por la defensa de nuestros derechos.
LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE.
Lourdes Castellanos – Trabajadora Social
Bibliografía:
Ley general de Sanidad: 20 años después. Marciano Sánchez Bayle
Blog de Juanvi: “La privatización de la sanidad y el Informe Martorell / http://elblogdejuanvi.blogspot.com.es/2012/09/la-privatizacion-de-la-sanidad-y-el.html)
Cas Madrid
(http://www.casmadrid.org/docStatic/jornadas_fadsp_09_09.pdf)
LEY 15/97: EL ARTE DE CONFUNDIRSE CON EL PAISAJE. Ángeles Maestro
¿Otro Informe Abril Martorell veintiún años después?. Ángeles Maestro
