La Fiscalía ha acusado a los ex concejales de Medio Ambiente del PP, Javier Fernández y Marcelo Isoldi, por presunta prevaricación ambiental por permitir que la estación de autobuses de la calle Brihuega funcionara sin licencia, según informa El País. La Fiscalía pide 21 meses de cárcel, ocho años de inhabilitación y 55 meses de multa por las molestias ocasionadas a los vecinos.
En declaraciones a La Luna de Alcalá, Isoldi explica que el procedimiento se abrió en 2012 y es ahora en 2017 cuando «se nos acusa por este asunto» por el que tendrá que comparecer cuando se decrete la apertura del juicio oral. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Alcalá, que fue edil de Medio Ambiente y Movilidad entre julio de 2012 y julio de 2014, asegura que desde el Consistorio no se tiene competencias para «trasladar de manera unilateral, ni siquiera para ampliar una parada».
Los autobuses urbanos e interurbanos dependen del Consorcio Regional de Transportes, afirma Isoldi, que indica que para cualquier decisión es este organismo el que tiene que dar el visto bueno. «Planteamos diferentes alternativas como llevar la estación a una parcela municipal. O incluso al antiguo Ferial, pero la oposición lo rechazó». «Nuestras funciones en materia de Movilidad eran limitadas, ya que se circunscriben a la adjudicación de licencia de taxis, el carril bici y las relaciones con el Consorcio que es quien detenta todas las competencias», explica el concejal del PP que también matiza que desde su área tampoco se tenía competencias sobre las licencias de actividad.
El edil recuerda que la estación se encuentra en esa ubicación desde 1991. «Mis primeras gestiones como concejal fue intentar solucionar ese problema que venía de antes. Fue durante esa legislatura cuando resolvimos en problema. A finales de 2014 cuando dejaron de parar allí los autobuses y en marzo de 2015 cuando se convirtió esa plaza en un lugar de uso y disfrute de los vecinos», añade Isoldi.
