Cruce de declaraciones entre la alcaldesa de Alalá, Judith Piquet, quien asegura que sigue sin información clara del Gobierno de Sánchez, mientras que la subdelegada del Gobierno en Madrid, Elena Bernardo, afirma que no es competencia de la Junta de Seguridad Local, replicado de nuevo por la regidora de Alcalá.
Cruce de declaraciones entre la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, y la subdelegada del Gobierno en Madrid, Elena Bernardo, tras la Junta de Seguridad Local convocada este lunes antes de la llegada de los inmigrantes procedentes de Canarias.
El Ayuntamiento ha convocado la Junta Local de Seguridad con motivo de la llegada de 450 inmigrantes llegados de Canarias que el Gobierno Central ubicará en los cuarteles del Ministerio de Defensa, la base Primo de Rivera, que actualmente solo tiene un 5% de uso militar. El plazo estimado es de 15 días, pero no hay fecha exacta. Sí se sabe que estarán en régimen abierto.
Piquet (foto inferior) ha asegurado que “esta reunión es simplemente para cooperar, planificar y coordinar todas las acciones en materia de seguridad mientras estos migrantes llegan a la ciudad. Queremos una planificación, queremos un protocolo de actuación ante la llegada de estas personas” (…) «Queremos saber cómo las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero también nuestra Policía Local y nuestra Protección Civil, tienen que actuar. Queremos saber, por ejemplo, en caso de que una de estas personas, que van a residir en Alcalá, que van a tener un régimen abierto y van a transitar las calles, sufre un accidente qué es lo que tenemos que hacer con ella”.
“También cómo tenemos que actuar en caso de que se produzca cualquier situación ilícita, administrativa o penal, de una ordenanza municipal, del código penal… no sabemos cómo tenemos que proceder con estas personas. Evidentemente conforme a derecho, como siempre son las actuaciones de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha afirmado la alcaldesa.
La primera edil ha desvelado que su equipo de gobierno quería aprovechar la asistencia de Elena Bernardo para tener más datos sobre la llegada de estas personas. “Le hemos preguntado si existen protocolos de convivencia con los territorios que van a recibir migrantes. Si existe un protocolo de seguridad o de atención social, no sabemos absolutamente nada”.
Según Piquet, “como van a tener un régimen abierto, queremos saber qué es lo que van a hacer estos migrantes cuando lleguen a nuestra ciudad. Si van a tener talleres ocupacionales o si van a estar acompañados por personas de las ONGs. Si van a estar deambulando por nuestra ciudad, sin oficio, sin beneficio, sin dinero… queremos saber en qué situación se van a encontrar en la parte social y en su asistencia sanitaria. No nos ha sabido decir si nos va a afectar a los servicios municipales, a los servicios públicos… no hemos conseguido saber absolutamente nada al respecto”.
Sobre la filiación que tendrán los inmigrantes, dice la alcaldesa que “según nos han confirmado desde el Cuerpo Nacional de Policía, estas personas van a estar filiadas por la Brigada de Extranjería y Policía Científica de Madrid. Queremos que esas filiaciones sean trasladadas a la Jefatura del CNP de Alcalá de Henares y también a nuestra comisaria de Policía Local. Pero tampoco nos ha dicho si esto va a ser posible o no”.
▶️🗣️ Comparecencia de la alcaldesa ante los medios.#AlcalaDeHenares pic.twitter.com/mhqpwy1xxL
— Ayuntamiento de Alcalá de Henares (@AytoAlcalaH) October 30, 2023
Por su parte, Elena Bernardo Llorente (foto inferior izquierda junto a la alcaldesa), se ha defendido asegurando que “no es objeto de una Junta de Seguridad el tratar el tema de los 400-450 migrantes. La política migratoria del Gobierno se está desarrollando por el ministerio de migraciones y son personas que se van a distribuir por todo el territorio nacional. Será en diferentes lugares, distintos municipios, y en ningún caso suponen un problema de seguridad ciudadana”.
Por lo tanto, continúa Elena Bernardo, “no es objeto de una Junta de Seguridad tratar a estas personas migrantes como unas personas que puedan ser vinculadas a criterios de delincuencia o de criminalidad”.
Para aclarar este punto, y a preguntas de la prensa, la subdelegada afirma que “las cosas hay que ponerlas en su sitio y en su contexto. Entiendo la preocupación que pueda tener cualquier alcalde o alcaldesa de que vaya a venir un grupo de personas migrantes a sus municipios, pero no es objeto de una Junta de Seguridad. En una Junta de Seguridad, según la ley, se habla de cuestiones de seguridad ciudadana, de delincuencia o de prevención de criminalidad que nada tienen que ver con las personas migrantes que vienen a los territorios por una política migratoria”.
Además –recuerda Bernardo- “la ley establece que la política migratoria tiene que estar en colaboración y cooperación con todas las administraciones en virtud del principio de solidaridad que tiene que haber entre los territorios. Por eso, además, hemos tenido en cuenta la petición que se ha hecho desde el Gobierno Canario”.
Por su parte, la alcaldesa ha manifestado su sorpresa. «Ha dicho en la reunión, textualmente, que nosotros relacionábamos la llegada de los migrantes con índices de criminalidad y le hemos tenido que explicar en lo que consiste una Junta Local de Seguridad. Debería saberse cuál es la normativa al respecto. Y le hemos explicado que el Real Decreto 1087 de 2010 es lo que contiene es el reglamento de las Juntas Locales de Seguridad”.
