La detención de Carles Puigdemont , en Alemania, culmina la degradación democrática de nuestro sistema de representación política. Huido del acecho judicial desde hace cuatro meses, suma entre escorados de la acción de la justicia y presos en cárceles españolas una cifra insoportable para la salud democrática de un país.
La confrontación de los poderes judiciales y electoral, derivado del legislativo, supone ya una incomprensible lucha entre instancias fácticas que está produciendo un estupor excepcional entre muchos expertos en derecho. La incompatibilidad entre elegidos y elegibles supera todos los niveles de aceptación de dosis razonables de sentido común.
Si se dan las condiciones para que un ciudadano pueda presentar su candidatura a unas elecciones de configuración democrática. Y, en consecuencia, del resultado de los comicios pueda resultar elegido y a partir de ahí proclamado como miembro de gobierno, no parece democráticamente saludable que una sucesión de actuaciones judiciales en fase de instrucción acabe con la selección de candidatos completa de dos formaciones con opciones de gobierno.
Es el caso de la instrucción del Tribunal Supremo, con el juez Llarena al frente, que, de hecho, está ejerciendo una una excepcionalidad tan flagrante con la situación pública de Catalunya que está dejando en anécdota la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central. La convocatoria de elecciones y la celebración de las mismas, en diciembre, ha dejado de conservar vida institucional propia para ser arrebatada su esencia y destino por la entronización de una vía judicial que atosiga y constriñe de manera negadora de cualquier movimiento encaminado a la formación de gobierno. Es decir, la invasión judicializadora niega el juego habitual de partidos, con gobierno y oposición.
Naturalmente que se está instruyendo la comisión de presuntos delitos de rebelión, entre otros, a instancias de la acusación popular representada por la formación política Vox, sin representación política en el Parlamento español, y con un haber en las últimas elecciones generales de 2016 de 47.182 votos. El sistema judicial español goza de derecho para intentar corregir y condenar a instancias de acusación y ministerio fiscal la comisión de posibles delitos de rebelión.
Pero no lo es menos a reflexión de la ciudadanía que esa actuación no debería significar una intromisión negadora del ejercicio de otros poderes del Estado, con sus vías y procedimientos de plasmación en el sistema democrático. La impresión creciente es que la crisis de gobierno en Catalunya se está extendiendo mucho más de lo que cabía esperar.
Si bien el carácter extraordinario de un problema territorial de primera magnitud agrava y entorpece una solución institucional rápida, la ocupación por parte del poder judicial de todas las alternativas de salida manifestadas hasta el momento, con encarcelaciones masivas, dificulta en grado extremo la aparición de nuevas opiniones dentro del bloque secesionista que pudieran alumbrar nuevos escenarios. Final con para Rafael Sánchez Ferlosio, en Campo de retamas. Dice en su página 57 de la edición Literatura Random House, que «el Derecho se desarrolló precisamente para poner bozal a la bestia feroz de la Justicia».
