El cerco de la imputación se estrecha sobre el ex alcalde de Alcalá, Bartolomé González. Según publica eldiario.es, la Guardia Civil ha confirmado que hay indicios de que el diputado autonómico cobró una mordida de 60.000 euros por el contrato de Cofely en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, cifrado en 14 millones de euros en 15 años para el mantenimiento de seis calderas en colegios públicos y las de las dos ciudades deportivas municipales. Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, ya tiene sobre la mesa dicho informe después de que la UCO entrara en el Consistorio complutense en febrero de este año para solicitar el contrato, así como otros datos relativos a dicha concesión.
Ante estas revelaciones de eldiario.es y preguntado por La Luna de Alcalá, Bartolomé González declinó hacer declaraciones por el momento.
La declaración de Marjaliza
Esta investigación viene a raíz de que uno de los cabecillas de la trama Púnica, el empresario David Marjaliza asegurara que habría entregado dicha cantidad. «Hubo un acuerdo con Bartolomé González de 60.000 euros». «No recuerdo si se pagó o no (…), pero el acuerdo estaba y estaba con Bartolo», explicó el empresario ahora en libertad provisional.
El ex alcalde de Alcalá durante 13 años siempre negó los hechos. Aseguró estar «tranquilo» porque «no hay nada». Aseguró que conoció a Marjaliza cuando éste era presidente de Nuevas Generaciones del PP de Valdemoro, pero que desde que dejó la política no ha vuelto a tener contacto.
González anunció que impondría una querella contra el empresario y recordó que, aunque los trámites se realizaron durante su mandato, cuando se adjudicó el contrato con Cofely ya no era alcalde de Alcalá. «Si hubiera tenido algún interés no me habría ido sin adjudicarlo, cosa que no hice». «El único interés era para la ciudad porque había que sustituir las calderas. Esto suponía un desembolso importante, por lo que nos pareció bien acceder a los fondos europeos de la Comunidad de Madrid mediante este concurso», afirmó.
Un contrato de 14 millones
La adjudicación de este contrato fue enrevesada. Se firmó en octubre de 2013, ya con Bartolomé González fuera del consistorio alcalaíno, aunque los primeros contactos con la firma se produjeron durante su mandato.
Sin embargo, el ex regidor dejó la Alcaldía en el verano de 2012, antes de que se decidiera o no la adjudicación del contrato en la Junta de Gobierno, que contaba con informes técnicos contradictorios acerca del posible ahorro que podría generar esta externalización del servicio de mantenimiento de calderas. El proceso se paralizó hasta que se contó con el informe de una auditoría externa. Una vez recibido el informe se adjudicó en octubre de 2013, un año antes de que estallara el caso Púnica.