Bajo el lema “Por el derecho a elegir la educación que queremos”, unas 200 personas se han manifestado este fin de semana arropada por varios centros y AMPAS alcalaínos
Cerca de 200 personas, usando mascarilla y con las relativas distancias de seguridad haciendo pequeños grupos, han protestado este fin de semana frente a la capilla del Oidor en Alcalá de Henares contra la nueva ley de educación de la ministra Celaá.
En la protesta han estado los colegios de Educación Concertada Lope de Vega, San Gabriel, Calasanz, Chesterton (Meco), Minerva, San Felipe Neri, Santa María de la Providencia, Filipenses, Alborada, Escuelas Pías – Esculapios y San Ignacio de Loyola, representados por sus Asociaciones de Padres y Madres.
Estuvieron arropados por los concejales municipales Esther de Andrés y Marcelo Isoldi (PP); Miguel Mayoral (Ciudadanos); y el portavoz Javier Moreno (VOX).
Comunicado:
La Ley Celaá, la LOMLOE enfatiza un “derecho a la educación pública” pero el único derecho existente que se recoge en la Constitución es el “derecho a la educación”, y el mismo se viene garantizando desde hace muchas décadas mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados». Así de rotundos se expresan los convincentes de esta concentración. Se trata de las Asociaciones de Padres y Madres de los Colegios Concertados de Alcalá de Henares y Meco que convocan una concentración el sábado 28 de Noviembre, de 12 a 14 horas, en la Plaza Cervantes “Por el derecho a elegir la Educación que queremos”
Y es que, el pasado 19 de Noviembre se aprobó en el Congreso de los Diputados la LOMLOE, más conocida comúnmente como Ley Celaá, «sin consenso ni con la Comunidad Educativa ni con la sociedad, desoyendo la demanda social de un Pacto de Estado por la Educación que se viene reivindicando desde hace muchos años».
Para los convocantes esta Ley «ataca a los derechos fundamentales de las familias. Elimina el derecho de las familias a elegir el centro educativo en el que quieren que estudien sus hijos/as. Sugiere la posibilidad de que el alumnado sea distribuido por la Administración en un modelo de “caja única” sin que, teniendo en cuenta que se suprime el concepto de demanda social en esta ley, ni siquiera se tendría que valorar la elección y preferencias de las familias para establecer las vacantes en los Centros Educativos».
Según aseguran en un comunicado «la LOMLOE enfatiza un “derecho a la educación pública” pero el único derecho existente que se recoge en la Constitución es el “derecho a la educación”, y el mismo se viene garantizando desde hace muchas décadas mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados».
Desde las Asociaciones de Padres y Madres de los Colegios Concertados de Alcalá de Henares y Meco, creen que, la escuela más adecuada para una sociedad como la nuestra debe ser «una escuela plural, gratuita y universal, como venimos teniendo hasta la fecha. Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, concertada y privada. Estos tres modelos educativos son complementarios, no excluyentes. Para atender a la demanda educativa de la sociedad, basada en la libertad y pluralidad, necesitamos que exista una diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios, en la que haya una autonomía de los centros que les permita dotarse de ellos y ponerlos en práctica. La enseñanza concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo, por eso no entendemos porque esta ley pretende acabar con las escuelas concertadas».
«Al eliminar los Idearios de los colegios, nos están imponiendo un modelo de educación único, estatal y laico, que pondrá fin a la pluralidad educativa actual en la que todo el alumnado tiene cabida a día de hoy, tanto en colegios públicos como concertados. De esta forma se retira a las familias la libertad de elegir el centro educativo que mejor se adapte a la educación que quieren que reciban sus hijos/as y se obliga a que solo exista el ideario dictado por la Administración».
«Por primera vez en la historia de la democracia Celaá ha excluido a la Comunidad Educativa de la tramitación de la nueva ley educativa. Creemos que una ley que no ha tenido en cuenta a los profesionales de la educación, es una ley débil con poco recorrido, como ha afirmado hace unos días la Comisión Europea». Y reivindican una ley basada en el consenso tanto Parlamentario como social y «para ello hay que abrir espacios de diálogo en vez de conflictos».
También están en contra de la desaparición de los centros de educación especial. » Cada familia tiene derecho a elegir la educación que cree más adecuada para su hijo/a. Creemos que deben reforzarse los recursos de los centros ordinarios en relación con la atención a los alumnos/ as con necesidades especiales, pero sin que esto vaya en detrimento de la continuidad de los centros de educación especial, donde se ofrecen enseñanzas dirigidas a alumnos/as con necesidades educativas especiales que no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios».
«La identificación de las familias con el proyecto educativo elegido favorece una mayor implicación en la educación de sus hijos/as, y las evidencias demuestran que una mayor implicación familiar está relacionada con un mejor rendimiento escolar, especialmente de los más desfavorecidos», aseguran.
«Los hijos/as sí son de sus padres, y queremos seguir ejerciendo nuestro derecho de elegir el centro público, concertado, privado o de educación especial que consideremos mejor para ellos».
Manifiestan también que, «tenemos derecho a que se nos escuche. Que la Constitución Española no establece un “derecho a la educación pública”, sino que reconoce un “derecho a la educación”. «Somos DE LA EDUCACIÓN, de todos los modelos, defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, concertada y privada, ya que son complementarias», concluyen.
Fotos Twitter Marcelo Isoldi, Partido Popular.
