Cuando los talibanes estuvieron en el poder entre 1996 y 2001, los derechos de las mujeres a la educación y al empleo fueron brutalmente violados. Solo podían salir a la calle si estaban acompañadas por un familiar masculino e, incluso entonces, debían ir totalmente cubiertas con un burka. La desobediencia a estas estrictas normas era castigada con severidad.
En los 20 años transcurridos desde el derrocamiento de los talibanes, las mujeres afganas han luchado por sus propios derechos y han asumido un papel proactivo en el desarrollo de los derechos humanos en su nación, incluida la creación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.
Bajo el gobierno que acaba de ser derrocado, había un Ministerio de Asuntos de la Mujer y, en 2009, se aprobó una ley histórica para abordar la violencia contra las mujeres. Afganistán también se ha convertido en signatario de varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Ahora que los talibanes han vuelto a tomar el poder, las mujeres se temen lo peor.
Grupo de mujeres en Kabul, Afganistán. Timsimages.uk/Shutterstock.
Lucha por la justicia
A pesar de los avances, la Organización Mundial de la Salud calcula que casi el 90% de las mujeres de Afganistán ha sufrido al menos una forma de violencia doméstica y que el 17% ha sufrido violencia sexual. Este elevado índice de violencia está arraigado en los valores culturales, pero también se ve favorecido por la forma en que se estructuran las leyes y se imparte justicia.
A menudo, las mujeres no pueden acceder a la justicia en las mismas condiciones que los hombres, ya sea a través de mecanismos formales o informales de resolución de conflictos. Por ejemplo, si una mujer afgana decide emprender acciones legales en virtud de la histórica ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a menudo se enfrentará a la violencia de un miembro de la familia por intentar defender sus derechos.
En muchos casos, los maridos, los familiares, la policía, los abogados y los jueces disuaden a las mujeres de emprender acciones legales. Muchas mujeres denuncian las agresiones sexuales mediante exámenes vaginales abusivos, o “pruebas de virginidad”, durante los procedimientos judiciales.
Examen de virginidad
El examen de virginidad es una parte rutinaria de los procedimientos penales cuando las mujeres son acusadas de delitos morales, incluyendo las relaciones sexuales fuera del matrimonio. En muchos casos, el historial sexual de las mujeres se utiliza en los tribunales como prueba para justificar largas penas de prisión.
Tanto los hombres como las mujeres se enfrentan a retrasos y a la falta de apoyo cuando buscan representación legal en Afganistán, pero las mujeres lo tienen aún más difícil debido a las normas culturales discriminatorias y a la falta de apoyo familiar. Las mujeres suelen tener un nivel de alfabetización más bajo, carecen de información sobre el funcionamiento del sistema judicial y tienen un acceso limitado a los recursos financieros. El hecho de depender del sostén de la familia es una barrera importante a la hora de emprender acciones legales.
Además de los obstáculos formales, las mujeres se enfrentan a una fuerte presión social para resolver los conflictos matrimoniales a través de mecanismos de justicia informales, como las jirgas (asamblea de líderes locales) y la shura (proceso de consulta), a pesar de que estos les ofrecen poca protección.
Las mujeres deben estar representadas por un miembro masculino de la familia en las reuniones informales de resolución de conflictos de la comunidad, por lo que no tienen libertad para hablar por sí mismas. Y algunos mecanismos de resolución de conflictos basados en principios restaurativos, como el intercambio de mujeres entre tribus para resolver una disputa, son fundamentalmente discriminatorios para las mujeres.
Regreso al gobierno talibán
Si bien la situación en Afganistán ha sido difícil para las mujeres durante las dos últimas décadas, al menos hubo un cambio en la dirección correcta. Por el contrario, el sistema de justicia de los talibanes puede violar deliberadamente las protecciones constitucionales e internacionales que existen para apoyar a las mujeres.
Con la comunidad internacional en retirada, no habrá nadie que impida al nuevo régimen desmantelar estas protecciones. Fue necesaria una importante presión política para sacar adelante las reformas que se han llevado a cabo. Ahora eso desaparecerá por completo.
Una de las principales preocupaciones es el futuro de las numerosas organizaciones de derechos de la mujer y otros grupos de la sociedad civil que han estado operando en Afganistán hasta ahora. Las organizaciones benéficas internacionales y las embajadas extranjeras han apoyado su trabajo sobre el terreno, pero la situación ahora es radicalmente distinta.
El sistema jurídico afgano es muy complejo. Se basa en valores religiosos, costumbres y valores tribales, lo que a menudo da lugar a procesos discriminatorios.
Las mujeres, por ejemplo, pueden ser encarceladas por zina (delitos morales) que pueden incluir “huir de casa” en casos de violencia doméstica.
Incluso cuando un tribunal falla a favor de una mujer, esta puede seguir sufriendo violencia a manos de su propia familia. Las normas patriarcales y los valores socioculturales tienen un gran peso y a menudo impiden a las mujeres acceder a la esfera pública –como los tribunales y las comisarías– sin el acompañamiento de tutores masculinos. Tomar medidas legales contra los cónyuges se percibe a menudo como un tabú vergonzoso.
Estas prácticas continúan a pesar de dos décadas de progreso. Ahora parece más probable que estas prácticas se conviertan en la norma bajo los talibanes. Su reciente declaración plantea más interrogantes que certezas: “Vamos a permitir que las mujeres trabajen y estudien dentro de nuestros marcos”. Esto deja abierta la pregunta: ¿cuál es el marco que se ofrece?
Las mujeres que vivieron bajo los talibanes hace 20 años recuerdan con temor su interpretación extrema de la sharia, la ley islámica. Estas mujeres tienen poca fe en que el nuevo régimen sea diferente. Como mujer académica que trabaja en el acceso a la justicia, es insoportable imaginar lo que se sentiría al vivir bajo el régimen misógino de los talibanes, donde los hombres podrán hilar las narrativas patriarcales de las leyes religiosas.
Sahar Maranlou es lecturer en la School of Law de la University of Essex.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.