El pasado Pleno Ordinario dio aprobación al II Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos (2019-2023), que recoge los frutos del intenso trabajo del consejo local y marca las directrices en esta materia para los próximos 5 años. Será la herramienta básica de gestión interna y guía de actuación para la Concejalía competente en la materia (Concejalía de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo actualmente).
En línea con los nuevos paradigmas de eficacia, transparencia y buena gestión en las políticas municipales, este Plan considera la participación de la ciudadanía como eje fundamental en su desarrollo, así como el realismo y la concreción en sus actuaciones para que la cooperación para el desarrollo y la protección y defensa de los Derechos Humanos sea conocida y considerada por toda la ciudad y en otras áreas municipales a la hora de definir sus propias acciones, a fin de lograr la mayor coherencia posible en nuestras políticas municipales.
Para el concejal de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo, Javier Galán, «con este plan finalizamos la fase de recuperación de estas políticas sociales e iniciamos su fase de desarrollo y consolidación, reflejando así el sentimiento de solidaridad que siempre han tenido los vecinos y vecinas de nuestra ciudad».
El Plan ha sido especialmente sensible a la realidad de la pobreza extrema en la que un 70% de esa población es femenina y por lo tanto se potencian las políticas de desarrollo especialmente vinculadas a la igualdad de oportunidades, al empoderamiento femenino y a favorecer proyectos que tengan por objetivo potenciar las oportunidades para las mujeres, así como facilitar su autonomía personal.
¿Cuáles son los objetivos de este plan?
Los objetivos básicos del plan son: la mejora de la cobertura de necesidades básicas: alimentación, educación, salud, saneamiento y vivienda constituyen el punto de partida para construir capacidades y poder optar a mayores oportunidades y niveles de desarrollo humano; el fomento de la formación y capacitación para la generación de ingresos y la mejora de condiciones económicas; la soberanía alimentaria como alternativa que considera la alimentación como un derecho humano básico y pone en el centro a quienes producen los alimentos; la economía solidaria, el desarrollo de un sistema sostenible y la defensa y protección de los Derechos Humanos, con especial incidencia en la protección de los defensores y defensoras en sus lugares de procedencia.
