No caben justificaciones, excusas, intervenciones fiscales a posteriori, ni paños calientes. Al contagio por el coronavirus y el fallecimiento, por falta de medidas de prevención y de cuidados, de decenas de personas mayores en residencias de personas dependientes, se une el descubrimiento por el ejército de variass personas fallecidas que fueron abandonados a su suerte, y estaban bajo el mismo techo que el resto de residentes. Algo falla en este sistema que tenemos de entender la sociedad, la economía y la vida.
España se define en su Constitución, como un Estado Social y Democrático de Derecho. Con este hecho funesto y desgraciado y las insuficiencias en la Sanidad Pública demostrados durante la epidemia del COVID-19, queda demostrado que el Estado Español tiene poco de Social, de Democrático y de Derecho. Han sido años de recortes brutales en todo lo público, pero aún más en Sanidad y Servicios Sociales, competencias de las Comunidades Autónomas.
Los y las pensionistas lo venimos denunciando desde hace años: el ataque por tierra, mar y aire contra los pilares del Estado del Bienestar. Da igual que hablemos de viviendas sociales vendidas a los fondos buitre de familiares de políticos corruptos y que la gente humilde se quede en la calle; que veamos la disminución paulatina de recursos humanos y materiales a la Sanidad Pública mientras se hacen hospitales privados mantenidos con dinero público; o del claro ataque contra el Sistema Público de Pensiones, para que los fondos de inversión de bancos y aseguradoras hagan sus negocios con los planes de pensiones privadas. Finalmente, unos Servicios Sociales, como son las residencias para personas en situación de dependencia, de las que, en España, el 73%% del total de las plazas son privadas y que, al tratar a las personas residentes como negocio, ha llevado al límite esta situación, pasando por anteriores denuncias de escasez de personal, mala atención y problemas de alimentación.
Es el momento de exigir a este Estado Social y Democrático de Derecho, que sea de verdad lo que pone en la Constitución. Si no, estaremos en el descreimiento popular absoluto de unas instituciones desprestigiadas. Hay que apostar por lo público, siempre. Porque los mercados financieros no van a socorrer a las personas cuando las cosas se pongan mal. Lo público, de calidad, universal y al alcance de todas las economías, ha de estar en primer plano de nuestra sociedad, la primera alternativa para el pueblo, para la clase trabajadora, que es quién genera la verdadera riqueza. Lo público, garantizado por un Estado Social y Democrático de Derecho. (Véase artículo 1º.1 de la Constitución).
José Ángel Vivanco es portavoz estatal de COESPE.
